Las empresas del Ritual Romano

Junio 24, 2023 • Geo González

Marcha LGBTTTIQ+

En medio de un salón de grandes dimensiones (capaz de albergar a más de 100 personas), cada uno de los asistentes que se encuentran incomunicados dan detalles de su vida sexual y otras intimidades frente a una multitud de perfectos desconocidos. Todo ocurre frente a una cruz de madera con un hombre colgando y con el rostro ensangrentado. Haciendo uso de una tachuela, colgaban sus “pecados” a los pies de la imagen religiosa.

Todos ahí, salvo unas pocas personas (dos, quizás tres), son menores de edad que fueron privados de su libertad con autorización por escrito de sus padres para ser expuestos a un sistema de tortura que, entre otras cosas, oscila entre las violaciones colectivas (o coito correctivo como ellos lo llaman), electrochoques en el área genital, culpa extrema por sus prácticas sodomitas bajo la supuesta responsabilidad de seres del inframundo por ese deseo carnal que los organizadores de este ritual tratan de exterminar.

El “acompañante”, un sujeto que porta una sotana, exclama fuertemente y en latín: “que baje el espíritu santo”. Y se dispone a leer el Ritual Romano, letanía utilizada por el rito católico para realizar exorcismos. Todo esto ocurre bajo el supuesto amparo de tratarse de una práctica científica, incluso, así lo publicitan¹.

Este testimonio fue seleccionado, dentro de otras más de cuatro horas de audios de entrevistas a personas sobrevivientes de lo que estos grupos conservadores denominan ‘terapias reparativas’ (prácticas que parten de la idea falsa de que las orientaciones sexuales, identidades de género y características sexuales no hegemónicas pueden “curarse”) con el único objetivo de mostrar a la audiencia que lo que nombran como ‘terapia” son en realidad prácticas violatorias a los derechos humanos que buscan reprimir la orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales de las personas LGBTTTIQ+.

Desde 2015 la Organización de Naciones Unidas (ONU) y asociaciones de psiquiatría alrededor del mundo han nombrado a estas prácticas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), procedimientos que califican de fraudulentos, sin bases éticas ni científicas y equivalentes a la tortura.

Nada que corregir. Para el doctor en Derechos Humanos y Paz, Rodolfo Bañuelos de la universidad ITESO en Guadalajara, el conocer el trasfondo de estas organizaciones es el resultado del trabajo y años de investigación con la que intenta demostrar las implicaciones que tienen las Terapias de Conversión en la población LGBTTTIQ+, y a las que él llama: Intervenciones para Heteronormar la Identidad de Género y la Orientación Sexual (IHEGOS).

MALTEGO

                                                Crédito: Ricardo Balderas/PODER

Es tortura, no terapia

La expresión “terapia de conversión” se utiliza como un término paraguas para referirse de manera genérica a los diversos métodos e intervenciones de caracter pseudo médico, pseudo psicoterapéutico y religioso que consideran que las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas pueden “corregirse” o “curarse”. Y que en muchos casos los primeros en promoverlas son familiares o personas en una posición de autoridad.

No obstante, es importante subrayar que los ECOSIG no tienen que entenderse como sinónimo de “tratamiento” o “terapia” para curar ninguna enfermedad pues las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas no son una patología. Por lo tanto no hay nada que corregir, nada que curar, nada que cambiar.

En 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinó que las ‘terapias de conversión’ carecen de justificación médica y representan “una grave amenaza a la salud y los derechos humanos de las personas”. Para 2016 la Asociación Mundial de Psiquiatría señaló que no existe evidencia científica sólida que indique que la orientación sexual e identidad de género se puedan cambiar, y menciona que “cualquier intervención que pretenda tratar algo que no es un trastorno es totalmente poco ético”.

En 2020 el Grupo de Expertos Forenses Independientes (IFEG, por sus siglas en inglés) declaró que ofrecer una ‘terapia de conversión’, “es una forma de engaño, publicidad falsa y fraude”. Y de acuerdo al informe del Experto Independiente de la ONU sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, estas prácticas son “tratos crueles, inhumanos y pueden equivaler a la tortura”.

Dicho documento señala, además, que estas violaciones a derechos humanos suceden de manera “muy frecuente” en África y “bastante frecuente” en América Latina y el Caribe, y Asia.

En México 1 de cada 10 personas LGBTTTIQ+ obligadas a la tortura

En México 1 de cada 10 personas LGBTTTIQ+ fueron obligadas por sus padres a acudir con un psicólogo o autoridad religiosa con el fin de “corregirle”. En números absolutos representa 318 mil 791 personas de la diversidad sexual fueron reprimidas de esta manera, de acuerdo a la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG, 2021).

La maestra Lupita Torres, psicóloga con enfoque cognitivo conductual e integrante de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario señaló a este medio que estas formas de tortura involucran daños “severos” en las personas que sobreviven estas prácticas.

“Hay un daño emocional, generando miedo, tensión, agotamiento, frustración. Tiene un impacto psicológico que puede manifestarse en depresión, tendencias suicidas, episodios psicóticos. Pero no sólo es lo mental, también se daña la parte espiritual, que es la pérdida de fé, la pérdida de un Dios. Y a nivel de las relaciones personales también hay daño con la familia. Así mismo, se generan daños sexuales y físicos, se pueden dar sintomatologías como trastornos psicosomáticos (cuando dolores físicos se ven agravados por factores mentales)”.

Además de los espacios religiosos y terapéuticos donde se practican los ECOSIG, en México se ha documentado por organizaciones como el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio y recientemente por el Cómité de Desaparición Forzada de la ONU, que se utiliza el delito de desaparición para lograr la privación de la libertad y no localización de personas LGBTTTIQ+ con el fin de ser reprimidas por este tipo de mecanismos.

En la última visita a México del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU se informó sobre la desaparición de persona LGBTTTIQ+ y que éstas “habrían sido cometidas por fuerzas de seguridad, o por la delincuencia organizada con distintos niveles de connivencia de las autoridades, y en muchos casos con fines de ‘limpieza social’ o de explotación sexual, frecuentemente tras el internamiento en los llamados ‘centros de terapias de reconversión’”.

Es así como las prácticas para reprimir la orientación sexual e identidad de género de las personas también se cruzan en el contexto de violencia generalizada que comenzó en 2006 al implementarse la estrategia de seguridad militarizada y que hoy día mantiene al país sumido en una crisis de derechos humanos con más de 111 mil personas desaparecidas y al estado de Jalisco como uno de los territorios en donde más se desaparece a personas.

ONU

                                              Crédito: Ricardo Balderas vía transparencia

La creación de un delito, vacíos legales y multas que se pagan con tortura

Agencia Presentes realizó un análisis a las iniciativas impulsadas por activistas que buscan prohibir y sancionar los ECOSIG. Revisamos cada uno de los Códigos Penales del país en donde ya se contempla a las “terapias de conversión” como un delito y los casos extraordinarios donde se reformó la Ley de Salud y se hace mención de estas prácticas en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Encontramos que actualmente las ‘terapias de conversión’ están tipificadas como delito en 13 Códigos Penales del país a nivel local. Sin embargo, ninguna de estas reformas finca responsabilidades a los líderes religiosos.

Además, ninguna de estas leyes contempla a las víctimas y sobrevivientes; pues no se establecen medidas de reparación del daño, ni garantías de no repetición, y en ningúna se habla de prevención o de una ruta de atención a víctimas para el acceso a la justicia.

La sanción en cada una de estas reformas es un tiempo en prisión que va de uno a seis años o el pago de una multa económica a quien “imparta, promueva, ofrezca, financie, someta u obligue” a una persona a una ‘terapia de conversión’. Dicha multa está sujeta al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Por ejemplo, la ley aprobada en Jalisco no sanciona con cárcel sino con trabajo comunitario o una multa económica de 50 a 300 UMA a los profesionales de la salud que realicen terapias de conversión.

Actualmente, el valor diario de una UMA es de 103.74 pesos, lo que equivaldría a pagar una multa mínima de 5 mil pesos y máxima de 30 mil pesos. Una cuota que probablemente puede ser pagada con lo que se cobra por torturar.

Por otro lado, al menos tres estados (Hidalgo, Colima y Sonora) han reformado, además del Código Penal, también su Ley de Salud en donde estipulan sanciones como la suspensión de oficio hasta la cancelación de la cédula profesional a profesionales de la salud mental que diagnostiquen con base en la orientación sexual e identidad de género o ejerzan terapias de conversión.

A nivel federal, el 11 de octubre de 2022 se aprobó en el Senado de la República un proyecto de ley que prohíbe las terapias de conversión. La sanción es de uno a tres años de prisión y la suspensión de la actividad profesional de uno a tres años. Actualmente este proyecto está a la espera de ser votado en la Cámara de Diputados para que sea una realidad.

Pese a existir legislación en materia penal, el Estado mexicano, a nivel federal y local, tiene pendiente crear mecanismos que contemplen a las víctimas, prevenga este tipo de violaciones a los derechos humanos y sancione a líderes religiosos.

Servicios que se amparan en la clandestinidad

Las terapias de conversión en México no se anuncian como tal, se camuflan en la clandestinidad sin auditoría de las autoridades sanitarias y de salud en centros de rehabilitación para la salud mental y uso de sustancias conocidos como “granjas o anexos”, y en lugares promovidos como “retiros” desde los púlpitos de templos religiosos católicos.

En México, uno de estos negocios que aseguran “revertir la homosexualidad” y “desarrollar la heterosexualidad” es la clínica VenSer, a cargo del psicólogo Everardo Martínez quien labora actualmente en Guadalajara con una cédula profesional federal, pese a que el Colegio de Psicólogos de Jalisco le había retirado su cédula profesional para ejercer en la entidad, de acuerdo al doctor Rodolfo Bañuelos.

A nivel internacional México es “capítulo” de Courage, una organización católica ultraconservadora que promueven las terapias de conversión en al menos 117 ciudades alrededor del mundo en donde enfocan su trabajo a personas que ellos nombran “con atracción por el mismo sexo” por medio de retiros individuales que promueven la castidad y “acompañamientos” a sus familiares.

Esta organización brinda “retiros” en al menos 17 ciudades de México; y de acuerdo a información de su página web, también tiene presencia en ocho países de América Latina, en Centroamérica se ubican cuatro sedes.

Bajo un panorama de servicios que se amparan en la irregularidad, Ninde MolRe, abogada de México Igualitario y Casa Frida, comentó en entrevista que es necesario empujar posturas que busquen la prevención de los ECOSIG y que el Estado mexicano aclare qué organismos se harán cargo de supervisar y auditar a las instituciones religiosas y médicas que ejerzan este tipo de violaciones a los derechos humanos.

“Me preocupa mucho el tema de los anexos porque cruza a otras problemáticas, como el tema de drogas, de uso de sustancias, de enfermedades mentales. Siento que en algún momento los activismos vamos a tener que sentarnos a platicar, revisar de nuevo en cada estado qué es lo que tenemos que hacer para obligar a estas autoridades a que prohíban que existan estos centros porque, de nuevo, estos centros pueden ser religiosos y estar bajo las leyes de asociaciones religiosas o pueden ser médicos operando ilegalmente, ahí está la complejidad de todo este asunto, y que el Estado no está garantizando la seguridad de las personas ante un ECOSIG y mucho menos trabajando en la prevención”, agregó la abogada.

Las conversaciones que faltan en los activismos

La abogada Ninde MolRe teme que una vez que los ECOSIG se prohíban y sancionen a nivel federal se dé por hecho “que así termina un problema que se ha capitalizado con el dolor y los testimonios de las personas para crecer una agenda de un problema que es mucho más grande que solamente crear un delito”, enfatiza.

Y agrega que para ella es vital conversar con otros movimientos sociales; desde quienes piden un sistema nacional de cuidados, familiares que buscan a sus desaparecides, personas en situación de movilidad, adultes mayores LGBTTTIQ+, e incluso sumar a las personas LGBTTTIQ+ que sí practican alguna religión y están vinculadas con grupos religiosos.

“Creo que sí tenemos que preguntarnos qué tanto está funcionando la creación de un delito. Necesitamos esos diálogos porque la realidad es que todo el sistema penal en México está en el hoyo. Y también nos hace falta mucha autocrítica al interior de los movimientos; yo sí creo que necesitamos tener transparencia y rendición de cuentas de los fondos que recibimos por hacer una labor social y como tal dar cuentas de qué estamos haciendo y en qué lo estamos usando”, finalizó.

                                                        Crédito: Geo gonzález.

Las empresas del Ritual Romano

Han pasado ya más de catorce años desde que se denunció a estos grupos por realizar tortura, principalmente a menores de edad que se identifican como integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+. Muchos de los cuales, se quitaron la vida luego de ser sometidos a estas prácticas.

Sin embargo, el apoyo político, financiero y religioso es tan perdurable, que aún hoy en día continúan con representatividad, por ejemplo en el estado de Jalisco y otras regiones del país.

Por ejemplo, para Juan Sandoval Iñiguez, Ex Cardenal de Jalisco, la homosexualidad es un enemigo moral de la iglesia que representa, incluso, en una carta dirigida al Vaticano, comenta que desde su punto de vista la comunidad de la diversidad sexual es inmadura, egocéntrica y narcisista, dicho lo cual, representa un obstáculo para los intereses de su congregación. “Debemos advertir sobre la presencia, cada vez frecuente, del narcisismo, el cual junto con la homosexualidad, son las formas típicas de inmadurez afectiva y sexual (cf. OECS 21). El narcisismo contemporáneo, va de la mano con la aparición del individualismo de corte estético-emotivo, y quizá por ello se ha difundido más en la sociedad. Este narcisismo se caracteriza, además de un equivocado amor a sí mismo, por la ansiedad, pues se busca encontrar un sentido a la vida ya que se duda incluso de su propia identidad” (sic).²

El hecho, las declaraciones del Cardenal, la polémica por el financiamiento desde el estado a estos grupos y la revelación de los casos de tortura, generaron una fuerte campaña de proteccionismo a esta comunidad vulnerable que llevó al país entero a intentar legislar para que estos hechos fueran anulados del país, sin embargo, gracias a las relaciones principalmente empresariales y políticas, estos grupos continúan operando.

Por ejemplo, la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA campus Guadalajara) le otorgó a Elvira Guadalupe Venegas Fundadora de la firma Valora Conciencia en los Medios, una de las ONG que se vieron beneficiadas con 1 millón 300 mil pesos de dinero público para “convertir personas homosexuales”³ un diploma por acompañamiento y asesoría familiar⁴. Es decir, academia y estado fomentando la proliferación de estas prácticas ya categorizadas como ilegales en varios estados del país.

El dato es relevante dado que de trata del mismo centro universitario donde, según comenta el investigador Rodolfo Bañuelos, se encontró por primera vez con el integrante de los IHEGOS a los que se sometió de manera voluntaria para comprobar los daños a la población sexodivergente consecuencia de estas prácticas. Hasta el cierre de está edición, la universidad no respondió a la solicitud de entrevista realizada por este medio de comunicación.

Del mismo modo que el Gobierno de Emilio González Marquéz le entregó dinero de los contribuyentes a este grupo religioso o la UNIVA certificó con diplomas, el actual Gobierno del Estado de Jalisco, liderado por Enrique Alfaro Ramírez del partido Movimiento Ciudadano, a través de la alcaldía de Zapopan, integró a la asociación civil encargada promover los valores católicos ultraconservadores al programa de Sumemos por Zapopan “A favor de las y los zapopanos”, aseguran en el sitio web de la municipalidad⁵.

Finalmente, este medio de comunicación también pudo corroborar que el diputado federal, Xavier Azuara Zúñiga del Partido Acción Nacional (PAN) originario de San Luis Potosí, se asume a si mismo como miembro fundador de esta organización civil. Incluso, en los reportes de la oficina de Atención Ciudadana del Congreso de la Unión, se puede apreciar claramente que el asambleísta colocó dicha información como parte de su curricular.

Es decir, aquellos integrantes de los grupos religiosos ligados al ex cardenal y que en el pasado fueron señalados por presuntamente cometer delitos como tortura, continúan operando en total impunidad, ocupando cargos públicos o generando lazos con diversas universidades del país.

Empresas relacionadas a los IHEGOS y a Juan Sandoval Íñiguez, Ex cardenal de Jalisco:

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Courage International, Richard Cohen
Courage Latino, Rubén García
Clínica VenSer, Everardo Martínez
Inmuebles SECON S.A. de C.V. (Después, el cardenal renuncia a la administración y entra J. Jesús Quiroz Romo)

                                              Crédito: Geo González