El 4 de mayo de 2023 la COVID-19 dejó de ser considerada emergencia sanitaria internacional. Sin embargo, después de 3 años sus efectos continúan impactando la vida y la salud de miles de personas que no cuentan con acceso a las vacunas, los tratamientos y tampoco cuentan con una atención oportuna y adecuada. Durante la pandemia el poder de los Estados se debilitó frente al poder corporativo mediante la aceptación de contratos con cláusulas que favorecieron el beneficio privado, el ocultamiento de información y la fata de rendición de cuentas de empresas. Todo lo anterior amparado en las legislaciones sobre comercio internacional, inversiones, patentes y propiedad intelectual en las que los medicamentos son tratados como una mercancía más, sin considerar que la salud es un derecho humano fundamental cuyo acceso debe ser universal. En esta investigación actualizamos la información que ofrecimos el año pasado con el propósito de tener una perspectiva amplia sobre la falta de transparencia del proceso de autorización, compra y acceso a las vacunas autorizadas en México desde el inicio de la pandemia hasta el anuncio del fin de la emergencia sanitaria internacional. México ha firmado 9 contratos para la adquisición de vacunas y las versiones públicas de esos contratos recién se publicaron en junio de 2023, más de dos años después de haber solicitado al gobierno esa información. Las versiones públicas ocultan el dinero que el gobierno mexicano pagó a cada una de las empresas por las vacunas. Estamos ante un nuevo período con nuevos desafíos al pasar de un mercado controlado a un mercado competitivo en el que las empresas farmacéuticas comiencen a comercializar las vacunas con actores privados y no sólo con los gobiernos, como venía ocurriendo hasta el momento.
En México se aplicaron 8 tipos de vacunas: AztraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Cansino, Janssen, Sinovac, Covishield y Sputnik. En todos estos casos predomina la falta de transparencia en el proceso de autorización, compra y acceso a las vacunas el cual se ha realizado con recursos públicos. El gobierno mexicano, como otros gobiernos en el mundo, ha aceptado las condiciones impuestas por parte de las empresas mediante contrataciones cuya información no es pública, generando las condiciones para el incremento de la corrupción, el conflicto de interés y la falta de acceso, particularmente de quienes son más vulnerables. A medida que las empresas farmacéuticas se enriquecen con recursos públicos, se socava el derecho a la salud que debería estar en el centro de una política de salud integral con perspectiva de derechos humanos.