Antes de la crisis del Covid-19 ninguna vacuna había tardado menos de cuatro años en ser desarrollada por los laboratorios, aprobada por las instancias reguladoras y producida para su distribución. Sin embargo, para enfrentar la pandemia se aceleraron todos los esfuerzos para desarrollar la vacuna en menos de un año, los cuales fueron facilitados por: la investigación previa sobre los coronavirus, el cambio normativo de las agencias reguladoras que agilizaron los trámites y procedimientos para la aprobación de las vacunas, la inversión pública para su desarrollo y las compras anticipadas de los gobiernos que redujeron el riesgo de su producción.
El proceso de aprobación acelerado, además de responder a la emergencia sanitaria, obedeció también a criterios geopolíticos y a intereses nacionales. La FDA sólo aprobó para uso de emergencia las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen y Novavax de las farmacéuticas más grandes de EEUU, mientras que no aprobó vacunas de Rusia, China, India o del Reino Unido, pese a que todas excepto la de Rusia, fueron aprobadas por la OMS. Aunque se diseñaron diversos mecanismos de cooperación internacional para facilitar el acceso global de las vacunas no fueron suficientes para atenuar las desigualdades, ni para limitar el acaparamiento de las vacunas. Del total de dosis aseguradas documentadas por UNICEF, el 69% se logró mediante acuerdos bilaterales, mientras que el 19% fueron adquiridos por la Unión Europea y sólo el 7% fueron obtenidas mediante el mecanismo COVAX.
Al 22 de mayo de 2023 el 66.31 % de las dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 fueron aplicadas en los países de ingresos altos, el 49.94% en los países de ingresos medios altos, el 18.84% a los países de ingresos medios bajos y sólo el3.18% fue suministrada en países de ingresos bajos. Mientras que los países de altos ingresos tuvieron que aumentar en promedio un 0.8% de su presupuesto en salud para poder vacunar al 70% de su población, los países de bajos ingresos tenían que incrementar sus presupuestos en 56.6%. La pandemia afectó los sistemas de salud de los países con menores ingresos, que además de no contar con el presupuesto adecuado no contaban ni con el personal ni la infraestructura necesaria, limitando aún más su acceso a las vacunas.
El predominio de los acuerdos bilaterales, la aceptación de cláusulas en beneficio de las empresas y la falta de transparencia se explica por los incentivos que tiene la industria para la monopolización de sus productos. Con la protección sobre patentes y propiedad intelectual, las empresas comercializan innovaciones anteponiendo sus ganancias al derecho a la salud a pesar de que muchos de estos desarrollos se realizan con recursos de los contribuyentes. Novavax recibió financiamiento federal. Moderna recibió financiamiento y apoyo técnico de los National Institutes of Health (NIH) y Si bien Pfizer no aceptó dinero para investigación, si obtuvo financiamiento del gobierno Alemán a través de BioNtech y recibió dinero púbico de las compras anticipadas realizadas por el gobierno de Estados Unidos. AstraZeneca, Janssen, Moderna y Pfizer recibieron 42832.20 millones de dólares del Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) para el desarrollo, producción y compras anticipadas de vacunas y tratamientos.
La coalición People’s Vaccine Alliance que aglutina a más de 100 organizaciones y redes, apoyada por expertos en salud pública, activistas, jefes de estado y premios nobel ha trabajado mancomunadamente para lograr el acceso universal a las vacunas solicitando entre otras cosas la liberación de las patentes para las vacunas y medicamentos contra la COVID-19. A pesar de este trabajo la aprobación en la OMC de la Exención de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) llegó tardíamente y con menor protección que la propuesta originalmente.