Historias del derrame

A 10 años del derrame de 40 millones de litros de lixiviados de cobre de Grupo México, que contaminaron los ríos Bacanuchi y Sonora, las personas afectadas por el derrame siguen sin justicia y sin compromiso por parte de las autoridades que garantice la reparación y la no repetición del desastre.

El suceso, que está por cumplir 10 años de impunidad, tuvo lugar en la mina Buenavista del Cobre, propiedad de la empresa Grupo México S.A.B. de C.V., una de las principales mineras del país pertenecientes a Germán Larrea Mota Velasco, el tercer hombre más rico de México.

In the desert town of Ures, everyone lives under a shadow of ongoing sickness and hardship stemming from a waste spill in 2014. But they are losing hope of seeing justice

A casi 10 años del derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre que contaminó el río Sonora, los afectados pidieron a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, justicia y frenar la impunidad que Grupo México ha vivido durante los dos últimos Gobiernos.

El expediente del desastre ambiental causado por Grupo México en el Río Sonora constó de 72 cajas con documentos sobre las acciones emprendidas luego del derrame: estudios, censos, informes, contratos, comprobaciones de gastos, acuses de entrega de recursos. La actual administración sólo encontró en la Semarnat siete recipientes semivacíos, con expedientes revueltos y hojas sueltas

La SEMARNAT decidió proceder legalmente contra Grupo México por el derrame que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014. Si bien la demanda penal es un primer paso para que las comunidades afectadas accedan a la justicia, la lentitud de las autoridades para atender las afectaciones a la salud y garantizar agua limpia continúan aumentando el riesgo de enfermedades para las comunidades asentadas en la cuenca de ambos ríos.

La empresa, Sonora Lithium, posee estudios para aprobación de tres Manifestaciones de Impacto Ambiental en las proximidades de una reserva natural que no menciona en sus solicitudes. Además, donde pretende desarrollar estos proyectos, temporalmente detenidos por el Gobierno Federal, es una región ya altamente contaminada por la minería, todo esto, sin conocimiento o consentimiento de los y las campesinas que ahí radican, o de sus autoridades locales.

Nueve años después del derrame de tóxicos ocurrido en el Río Sonora, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concluyó que el hecho no fue producto de un accidente y remarcó la responsabilidad de la empresa Grupo México que, hasta el momento, no ha atendido las consecuencias ambientales y económicas de lo que hoy es considerado el peor desastre ambiental de la industria minera en México.

A nueve años del derrame de lixiviados de cobre ocasionado por Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi, que afectó a más de 22 mil personas, la remediación del río no ha ocurrido, las personas afectadas no disponen de servicios de salud o monitoreo constante de la calidad del agua y la empresa responsable del derrame sigue operando en la impunidad.

Las maneras en que las mujeres son afectadas por el cambio climático son múltiples y son el resultado no sólo de su posición subordinada en las estructuras sociales de poder e impuesta, sino por el lugar que ocupan en un modelo económico.

Un hilo de muerte recorre aguas mexicanas de la frontera colindante con Estados Unidos hasta la costa del Pacífico en el estado de Sonora. La causa: un derrame ocasionado por la mina Buenavista del Cobre, de la empresa Grupo México, S.A.B. de C.V. propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, que contenía 40,000 m3 de lixiviados de sulfato de cobre acidulado (es decir metales pesados peligrosos para consumo humano) en el Arroyo Tinajas, fluyendo desde los ríos Bacanuchi y Sonora hasta llegar a la presa El Molinito con la que se abastece todo el centro de Hermosillo, capital del estado.

Ocho años después del derrame de la mina Buenavista del Cobre los afectados reclaman justicia, reparación y condenas contra Grupo México, responsable del vertido

En meses pasados, funcionarios de la Secretaría de Salud tomaron muestras de sangre y orina a los habitantes afectados por el peor derrame minero de México. Esto, porque las autoridades perdieron centenares de expedientes…

El peor desastre ambiental de la historia de la minería en México sigue cobrando una factura muy alta para los habitantes de los 7 municipios del Río Sonora y Bacanuchi que fueron afectados por el derrame de 40 millones de litros de una solución de sulfato de cobre provocado por Grupo México

“Nosotras estamos enfadadas, tristes, cansadas. Cada que abrimos la llave es un recuerdo continuo, no podemos vivir tranquilas. Queremos recuperar lo que nuestros ancestros nos dejaron, fueron los Ópatas que vieron que aquí había vida y se establecieron en las cercanías del Río, con este desastre ecológico echaron a perder lo único que teníamos”. Esta es una parte de la Declaratoria de las Mujeres de los ríos Sonora y Bacánuchi, presentada en 2018.

Sin recuperarse aún del derrame tóxico de las minas de Grupo México hace 7 años, los habitantes de esta región se enfrentan ahora a las dificultades causadas por el Covid-19

Una comezón insoportable despertó a Thelma Irene Moiza Ozuna a mitad de la noche. Cuando fue a lavarse las piernas la mañana siguiente, esperando calmar el ardor, las marcas rojas en su piel se habían extendido de los tobillos a los muslos. Siete años después, las reacciones alérgicas vienen y van, pero la comezón no se calma. Moiza conecta los síntomas con la vez que cruzó a pie el Río Bacanuchi, mismo que lleva el nombre de su pueblo, para cuidar sus parcelas de cultivo.

Grupo México y gobierno de Sonora presumen apertura de clínica en Bacanuchi. Sin embargo, el servicio médico llegó sólo después de un amparo interpuesto por madres de familia de la comunidad.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró recientemente que el fideicomiso para las víctimas del derrame minero que afectó a los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014 no cumplió.

Dos años y medio después de que la minera Grupo México cerró el fideicomiso para remediar los daños por el derrame tóxico más grande en la historia de la minería en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que deberá de abrirlo de nuevo, pues no se completó la remediación del daño.

Una comisión de funcionarios federales, encabezada por el titular de Medio Ambiente, Víctor Toledo, acudió a la región aledaña al Río Sonora -donde Grupo México derramó desechos tóxicos- para confirmar que el agua que consumen los pobladores contiene metales pesados, con graves consecuencias en la salud.

Académicos de la Universidad de Sonora (UNISON) usan recursos patrocinados por el centro académico y la empresa Grupo México, del magnate Germán Larrea, para generar una imagen positiva de la minería en la región, específicamente sobre el derrame de 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre, ocurrido en la mina Buenavista del Cobre en 2014.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el jueves 12 de diciembre, informará sobre contaminación minera, a partir de un informe que le presentará el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo. AMLO aseguró que en la información que presente será incluido el caso de la contaminación ambiental de Grupo México ocurrida hace 5 años por el derrame de 40,000 metros cúbicos de lixiviado de cobre en su mina Buenavista del Cobre, y de la nueva presa de jales que forma parte del plan de expansión de la empresa de Germán Larrea, y que amenaza a las poblaciones.

“¡Lo puso Grupo México!”, grita un niño a la pregunta de quién puso un cine en la plaza principal de Huépac, en Sonora. El niño, de unos 4 años, quizá no sepa que esa misma empresa que hoy le da diversión, afecta desde hace muchos años su vida y la de su familia y vecinos, debido a la contaminación ambiental. Sus amigos mayores parecen saberlo y mientras le dicen que se calle, él señala a dos mujeres y asegura que ellas son las trabajadoras que montaron una pantalla y un proyector para que pudieran ver Toy Story 3. Ellas, con la intención de huir, tímidamente aceptan que sí, son parte del departamento de desarrollo social de la minera propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México. Las empleadas de Grupo México prometen que se pondrán en contacto para agendar una entrevista, cosa que hasta el cierre de este reportaje, no sucedió.

“Pareciera que las aguas del río están concesionadas a la mina”, denuncia Pedro Luna Martiñón, habitante de Aconchi, ante autoridades de Semarnat y Profepa. La queja refleja no sólo el hecho de que cada vez más la empresa tiene ventaja en el uso del agua por encima de las comunidades, sino, cómo la desorganización en la gestión impacta en la vida de las personas en torno al acceso, hace más difícil la vigilancia de su uso por parte de grandes empresas y la exigencia de rendición de cuentas.

Con una capacidad de almacenamiento de 2,040 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos, lo que es igual a 816 mil albercas olímpicas, la megapresa de jales de Buenavista del Cobre, de Germán Larrea, se levanta como una nueva amenaza hacia la población de los 7 municipios de Sonora que, además, siguen exigiendo remediación efectiva por el derrame de lixiviado de cobre de hace 5 años en la misma mina.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) Sustentable, que es el índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que contiene a las 30 empresas que supuestamente cumplen con altos estándares de medio ambiente, impacto social y gobernanza, se encuentra en un punto de inflexión para seguir probando su su validez.

Este 6 de agosto se cumplen cinco años de uno de los peores desastres de la industria minera en el país. En 2014, la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México, vertió 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, en Sonora, un estado del norte del país.Fue una cantidad equivalente al volumen de agua de 12 albercas olímpicas, o como si un estadio de futbol de 20 mil espectadores se llenara de tóxicos.

A cinco años del macroderrame de materiales tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, un colectivo de periodistas independientes unieron esfuerzos para crear un video reportaje que muestra las adversidades que experimentan todavía los afectados por la contaminación. El 6 de agosto de 2014 se derramaron 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado y metales pesados en los rios, afectando siete ciudades ribereñas y más de 22 mil personas.

El documental "Río Sonora: Impunidad y Olvido” se presenta como una piedra angular entre "la verdad oficial en contra de la realidad" que se vive en las siete comunidades ribereñas que fueron afectadas con la falla de Grupo México en su mina Buenavista del Cobre, el 6 de agosto de 2014. A cinco años de este ecocidio -que lacera a 22 mil pobladores en los municipios de Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures- este trabajo documental reúne los testimonios de los olvidados, de los desprotegidos y los marginados.

Muerte, enfermedades raras e incertidumbre. Esto viven los habitantes de la cuenca del río Sonora desde hace cinco años.

Cinco años después del derrame tóxico más grave en la historia de la minería en México, las comunidades afectadas continúan contaminadas y sin agua potable. Todo lo prometido por Grupo México ha sido hecho a medias. Mientras, Germán Larrea, el presidente de la corporación, sigue siendo el segundo hombre más rico del país.

El derrame tóxico en el Río Sonora, pudo haberse evitado. Así lo revela esta investigación que a cuatro años de la peor tragedia ambiental de México muestra como para sobrevivir los siete pueblos afectados solo consumen agua embotellada, mientras la siembra, que fuera una de sus actividades, quedó prácticamente aniquilada. Omisiones de las autoridades tanto locales como federales, así como una multa ínfima, comparada contra el daño, han dejado bien librada a Buenavista del Cobre, responsable de desencadenar el desastre ambiental que aún no termina.

Se cumplen cuatro años de que la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora.

Grupo México no ha reparado efectivamente a los pobladores de Sonora después del derrame de lixiviado de cobre en su mina Buenavista del Cobre hace cuatro años; sin embargo, ya anunció una inversión de 210 millones de dólares para su nueva mina El Pilar, en el mismo estado del país.

A cuatro años del derrame en Río Sonora, los habitantes continúan presentando afectaciones y que piden a las autoridades agua para consumo humano y que la empresa asuma la responsabilidad del desastre ambiental.

El 22 de agosto la Suprema Corte va a tener la sesión final sobre la repartición de 2 mmdp en remuneración por la contaminación del afluente.

El Fideicomiso Río Sonora (FRS), creado como único medio de pago para resarcir los daños ocasionados por el derrame de químicos a los ríos Sonora y Bacánuchi en agosto de 2014, gastó más de 184 millones de pesos en la compra de tinacos, y uno de los tres beneficiarios fue la empresa Rotoplas, propiedad de Carlos Rojas Mota Velasco, primo hermano de Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México.

Se cumplen tres años del derrame tóxico que provocó la mina Buenavista del Cobre en los ríos de Sonora, el peor desastre ambiental en México, y los pobladores afectados siguen sufriendo los efectos: la economía regional se derrumbó y ahora, un juez ha determinado que el agua potable podría seguir contaminada.

Pese a que el gobierno estatal aseguró que ya no había contaminación en el río Sonora, tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y otros metales pesados, en 2014,—todo proveniente de la mina de Buenavista del Cobre de Grupo México en Cananea—, un juez determinó que en la zona al menos los pozos de agua de Sinoquipe y La Labor tienen altos niveles tóxicos, superiores a los permitidos para el consumo humano, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un análisis de su proceder deja ver incoherencias entre lo que informa y cómo realmente actúa. Es experta en hacer greenwashing, o “Lavado Verde”, es decir, muestra prácticas que parecerían positivas mientras esconde información en cuanto a sus procesos contaminantes y sus impactos ambientales, confundiendo a consumidores y grupos de interés

A dos años del macro derrame de metales pesados en el Río Sonora, sus habitantes recordaron este fin de semana la tragedia, en Bacanuchi, epicentro del desastre, donde comenzó todo.

A dos años del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi, los más de 24 mil habitantes afectados continúan sin acceso a la justicia y el daño ecológico sin ser remediado. Las organizaciones que han apoyado a los pobladores desde el 6 de agosto de 2014, cuando una mancha roja coloreó el afluente de los ríos, afirman que debido a que las autoridades mexicanas se han mostrado complacientes con la empresa, los afectados buscan ya ayuda internacional.

Entre agosto de 2014 y noviembre de 2015, a lo largo de América han ocurrido cuatro desastres mineros que han causado desplazamientos forzosos de población, degradación ambiental, afectaciones graves a la salud e incluso la muerte de personas. El principal argumento esgrimido por las empresas mineras ha sido que estos eventos han sido accidentes, desastres naturales o fallos técnicos de las construcciones. Se asume que son eventos fortuitos e inevitables y por tanto que no son responsabilidad de las empresas o sus dueños. En todos los casos se repite el mismo patrón: leyes laxas, escasas inspecciones, altas ganancias de las empresas, donaciones a gobiernos, incremento de la producción y multas pequeñas por incumplir las normativas. A las mineras les conviene violar la ley y pagar multas (si es que las autoridades ambientales se dan cuenta de las irregularidades) antes que invertir dinero en cumplir las normas de protección ambiental.

Las emisiones de partículas contaminantes han registrado un “incremento exagerado” en Sonora los últimos años, según lo declaró el director general del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), Alberto Carramiñana Alonso, en mayo pasado. Sus palabras hacen sentido con los reportes de la mina Buenavista del Cobre; hace cinco años Grupo México anunció un agresivo plan de expansión para elevar en 180% la producción de cobre para 2016. La meta del grupo propiedad de Germán Larrea es convertir a la mina en el tercer productor mundial de ese metal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará si la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, es responsable de la violación a derechos humanos por el derrame en el Río Sonora que ha afectado la vida y salud de los pobladores.

El derrame de químicos en el Río Sonora fue el detonante para que las autoridades admitieran que la norma que regula la calidad del agua de consumo en México debe actualizarse.

Operar fuera de la ley ocasionó el peor desastre ambiental de la industria minera en los últimos tiempos. El 6 de agosto de 2014 se derramaron 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora porque la mina Buenavista del Cobre -subsidiaria de Grupo México- operaba sin acatar normas básicas de seguridad exigidas por la ley. La minera propiedad del segundo hombre más rico de México1, Germán Larrea Mota-Velazco, ha trabajado sin un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos bajo el auspicio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Hace una semana la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México, derramó 40,000 metros cúbicos de aguas residuales con ácido sulfúrico sobre el río Bacanuchi, lo que provocó que éste se contaminara y cambiara de color; afectando 7 municipios por los que se extiende el río y lo peor es que quisieron ocultarlo.

Afectados por los megaproyectos en el Río Sonora, en el norte de México, se manifestaron este lunes afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la capital mexicana. El grupo solicita el fallo positivo al amparo que interpusieron tras el que es considerado el mayor desastre ecológico en la industria minera de ese país.