Ya son 10 años de contaminación del agua, del aire, del suelo y de la biota. 10 años de las graves consecuencias que esto tiene en la salud. Las autoridades federales y estatales no han atendido el problema ni garantizan los derechos de las personas afectadas. El principal responsable de esta situación continúa operando su mina con total impunidad y acaparando el agua necesaria para sostener la vida y la economía de los municipios del río Sonora. Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) siguen luchando por un ambiente sano, acceso al agua y a la salud y dejar el río limpio a las futuras generaciones. En memoria de Norberto Bustamante. Hasta que se haga justicia!
El 6 de agosto de 2023 se cumplieron 9 años de impunidad del peor desastre ambiental en la historia de la minería en México. En estos 9 años transcurridos, los CCRS recorrieron un camino de lucha por justicia, reparación y garantías de no repetición plagado de impunidad hacia la empresa y de evidente captura corporativa del Estado. Para conmemorar los 9 años del derrame se organizó el Primer Festival por la vida y el agua del Río Sonora.
En conferencia de prensa, las y los miembros de los CCRS compartieron el informe titulado: El camino hacia la verdad tras 8 años de impunidad en el Río Sonora. En este reporte exhibieron por primera vez y con base en información oficial los verdaderos daños a los derechos humanos, a la salud, al medio ambiente, al ecosistema y a la economía, confirmando que las comunidades siempre tuvieron razón en su señalamiento. Desde hace 8 años, el río Sonora y sus habitantes fueron contaminados por los millones de litros de sulfato de cobre acidulado derramados por la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México. Por esta razón realizaron una manifestación afuera de las oficinas de la empresa para exigirle que se haga responsable y repare las consecuencias del derrame.
Antes, hablar del río Sonora era hablar de tener acceso a agua limpia, de recreación y de procesos productivos agrícolas y ganaderos. Hoy se ha convertido en un tema de injusticia social. El 6 de agosto de 2021 se cumplieron siete años de impunidad, a la espera de una justicia que promete estar a la vuelta de la esquina, pero que se desvía ante los ojos de todas y todos; una justicia que simula escuchar nuestras peticiones, que promete resarcir los daños, pero que responde atendiendo intereses ajenos a los de las comunidades afectadas.
Desde los ríos Sonora y Bacanuchi, sitios de lucha y dignidad en donde hace seis años Grupo México arrojó 40 millones de litros de metales pesados y no tuvimos ni remediación, ni justicia, ni posturas claras de las autoridades, elevamos la voz para expresar la indignación que atraviesan nuestros pueblos y reafirmamos la postura de seguir exigiendo un río seguro, limpio, y digno para sus habitantes.
En un acto público en las afueras de la Suprema Corte le exigieron a las y los ministros revisar las operaciones del Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo privado acordado por la empresa y el Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto, y reabrirlo “hasta que se cumplan sus objetivos y se hayan concluido los procesos jurídicos de reclamaciones en su contra”.
En el monumento a la corrupción y la impunidad, la obra negra de la UVEAS en Ures, los CCRS denuncian que el Fideicomiso Río Sonora pagó 184 millones de pesos en tinacos y apenas 7 millones 500 mil pesos a las personas afectadas en su salud por el derrame. Además, más de 28 millones de pesos fueron a una empresa relacionada con Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Semarnat, y 5 millones a Rotoplas, de Carlos Rojas Mota Velasco, familiar de Germán Larrea de Grupo México.
A tres años del derrame los CCRS anuncian que ganaron un juicio de amparo por la contaminación del agua en dos pozos de la región, y han demandado a tres instituciones de salud —ISSSTESON, IMSS y Secretaría de Salud— por la falta de atención a la población afectada por el derrame.
Los CCRS, en su búsqueda por una reparación integral, han conseguido que un tribunal de Arizona (Estados Unidos) fallara a su favor. El juez estadounidense ha ordenado a Southern Copper Corporation, casa matriz de Buenavista del Cobre, que entregue información sobre el derrame para fortalecer las acciones legales de los CCRS en México. Se realiza una caravana de Hermosillo a Bacanuchi.
Al cumplirse un año del derrame de lixiviados en el río Sonora, los CCRS anuncian que iniciaron el litigio estratégico para exigir justicia, reparación y castigo a los responsables. Con los juicios de amparo, la población afectada por el derrame exige que las autoridades garanticen la participación de los Comités de Cuenca en los planes de remediación del derrame, que las mineras respeten el medio ambiente y hacer que Buenavista del Cobre y el Gobierno Federal reparen el daño de forma integral.