El exdirector del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Jaime Parada Avila, firmó un contrato con el gobierno de Estados Unidos para atraer un cuerpo de “investigadores especializados en ciencias económicas y tecnológicas” que en otras partes del mundo fueron expulsados y acusados de nexos con el narcotráfico e intervencionismo. Se trata de un grupo de personas pertenientes a los Cuerpos de Paz, que el propio gobierno de Estados Unidos calificó como: “Evangelizadores de la democracia”. Ahora mismo, ninguna autoridad tiene información verificable de lo que estos académicos estuvieron realizando en México o cuánto costó que estos elementos operaran en tierras nacionales.

Es cierto que en el Centro de Investigación y Docencia Económica A.C. (CIDE) está transitando por una crisis; también es cierto que existe una deuda de salario con los profesores que ahí trabajan. Y también es cierto que la comunidad estudiantil continúa exigiendo la expulsión del actual director, José Antonio Romero, por considerarlo un funcionario apócrifo. Sin embargo, también es cierto que el conflicto va más allá de un titular impuesto o una deuda pendiente. Se trata de un centro de investigación, especializado en ciencias económicas, que llegó a la actual administración con un conflicto de presunta malversación de fondos, lujos ejercidos por exdirectores, insuficiencia presupuestal y señalamientos por gastos no justificados ante la Auditoria Superior de la Federación (ASF)¹.